Coherencia de Políticas
La responsabilidad principal en materia de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPDS) recae en la Administración Pública en todos sus niveles —estatal, autonómico y local—, que debe integrar sistemáticamente este enfoque en el diseño, implementación y evaluación de sus políticas. Esta coherencia debe orientarse a maximizar el impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y minimizar posibles efectos negativos en los países socios y en las personas en situación de vulnerabilidad.
En línea con lo establecido en la Ley 1/2023 y el VI Plan Director, la CPDS debe ejercerse desde una perspectiva de derechos humanos, justicia social y sostenibilidad ambiental, impulsando sinergias entre políticas públicas y actores del sistema de cooperación —incluyendo el sector empresarial, la sociedad civil, la academia y otros agentes— para contribuir a una transformación estructural que no deje a nadie atrás.
Tomando como referencia las orientaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Unión Europea, así como el mandato normativo de la Ley 1/2023, la Cooperación Española fortalecerá progresivamente la aplicación de la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPDS) como herramienta clave para una acción exterior transformadora.
La CPDS se integrará plenamente en la planificación estratégica, en la rendición de cuentas y en el diseño e implementación de políticas públicas, abordando desafíos globales interconectados como la seguridad alimentaria, la justicia fiscal y comercial, la gobernanza de las migraciones, la construcción de paz y seguridad desde una perspectiva de derechos, y la transición ecológica justa frente al cambio climático.
Para consolidar la cooperación internacional como una política pública estratégica y con capacidad de incidencia global, la Cooperación Española se compromete a:
Promover una mayor comprensión y apropiación del enfoque CPDS entre todos los niveles de la Administración Pública y del conjunto de actores del sistema de cooperación.
Reforzar la capacidad institucional de análisis, seguimiento y generación de evidencia sobre el impacto que las políticas y flujos financieros internacionales tienen en el desarrollo sostenible de los países socios.
Fortalecer los mecanismos de coordinación multiactor y multinivel, incluyendo la reactivación y modernización de la red de puntos focales de CPDS y el trabajo articulado entre sedes y terreno, en colaboración con los órganos de gobernanza establecidos en la Ley 1/2023 (Consejo Superior, Comisión Interministerial, Conferencia Sectorial).
Esta agenda se alinea con el compromiso de España con una cooperación feminista, basada en derechos humanos, con enfoque interseccional y orientada a una transformación estructural de las desigualdades globales.
