Los delitos medioambientales se han convertido en el tercer delito más lucrativo del mundo, únicamente sobrepasado por el narcotráfico y el contrabando, y representa un volumen de negocio ilegal de entre 110 y 281 millones de dólares en 2018, según las estimaciones de Interpol y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés).
Con motivo del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, Marc Reina, gestor temático del componente de cooperación policial del programa EL PAcCTO de la FIIAPP, reflexiona sobre la necesidad de contar con un marco de trabajo integral y coordinado entre países contra los delitos medioambientales.
En este contexto, Marc apunta a que es necesario el desarrollo de acciones estratégicas y operacionales en varios niveles. Por un lado, contar con la creación de un marco regulatorio internacional, ya sea mediante protocolos adjuntos a grandes convenciones como la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada (Convención de Palermo) o la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (Convenio CITES), o a través de la elaboración de un nuevo tratado internacional que sirva de paraguas de protección y persecución de los crímenes contra el medio ambiente.
Por otro, es necesario crear mecanismos eficientes de coordinación y cooperación policial y judicial, tanto nacionales como regionales, así como el desarrollo de Task Forces multidisciplinares especializadas en la materia y Equipos Conjuntos de Investigación (JIT, por sus siglas en inglés).
De todas maneras, la acción más eficiente consistiría en la búsqueda de alianzas y pactos de Estado estratégicos para el desarrollo de políticas públicas integrales tanto de prevención como de tratamiento penal de los delitos ambientales, incluyendo aspectos importantes de lucha contra la pobreza, la perspectiva de género, el fomento del emprendimiento, la cultura y la educación.
